¿Qué hará el nuevo gobierno de la Ciudad de México ante la crisis de vivienda y el aumento desmedido de rentas? Clara Brugada anunció un bando con 14 medidas para frenar la gentrificación, estabilizar los precios de alquiler y proteger a los inquilinos.
Aquí te explico qué contiene, cómo afectará a quienes rentan una casa o departamento, y qué sigue en este proceso.
El bando, titulado “Por una ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local”, fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La mandataria capitalina reconoció que la Ciudad de México enfrenta una crisis habitacional, con más de 2.7 millones de viviendas y un aumento de hasta 100% en las rentas en algunas zonas.
Este paquete de acciones busca evitar que los habitantes históricos de barrios populares sean desplazados, regular el mercado inmobiliario, y asegurar que vivir en la capital no sea un privilegio exclusivo.
Te enumero las medidas principales anunciadas por el gobierno de Clara Brugada para enfrentar la crisis de vivienda y regular las rentas en la capital:
Se impulsará una nueva ley local para controlar los incrementos de renta, que estarán limitados a lo que marque la inflación anual según el INEGI. Esto fortalecerá lo estipulado en el artículo 2448 del Código Civil y establecerá mecanismos de sanción.
Se crearán instrumentos jurídicos para garantizar que las rentas no aumenten por encima de la inflación, evitando abusos por parte de arrendadores en zonas de alta demanda.
Se publicará un índice oficial de referencia para las rentas, permitiendo a inquilinos y autoridades detectar precios inflados o especulativos. También se definirán las llamadas Zonas de Tensión Inmobiliaria, donde se aplicarán medidas específicas de protección.
Viviendas en plataformas como Airbnb o Booking serán reguladas para evitar que el mercado turístico temporal siga encareciendo el alquiler residencial.
Se creará una nueva institución pública de apoyo legal, mediación y defensa para inquilinos, con capacidad para sancionar contratos irregulares y abusos.
El gobierno construirá vivienda pública en zonas céntricas para garantizar diversidad socioeconómica y acceso igualitario a la ciudad.
Se extenderán los programas de vivienda en renta subsidiada para grupos prioritarios, como adultos mayores, mujeres jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad.
Se brindará asistencia técnica y financiera para ampliar viviendas familiares en zonas populares mediante modelos como condominios familiares o cooperativas.
Se aplicarán mecanismos para detectar inversiones especulativas que inflan el precio de la vivienda y limitar la concentración de propiedades o compras masivas en zonas sensibles.
Se desarrollará un instrumento de planeación urbana diseñado junto con vecinos, con lineamientos específicos para preservar el tejido comunitario.
Además de vivienda, se impulsarán proyectos de convivencia, recreación, cultura y protección del patrimonio, priorizando la vida comunitaria.
El plan incluye apoyos a negocios locales para que puedan competir ante cadenas comerciales que tienden a desplazar el comercio tradicional.
La comunidad podrá participar activamente en políticas públicas de vivienda, urbanismo e inclusión, asegurando un enfoque desde el territorio.
Se creará un observatorio técnico y ciudadano para monitorear precios, usos del suelo y políticas habitacionales, generando datos abiertos y confiables para la toma de decisiones.
El gobierno publicará un listado con las colonias declaradas en riesgo por gentrificación, donde se aplicarán las medidas más estrictas. Aunque aún no hay una lista oficial, zonas como Roma, Condesa, Juárez, Santa María la Ribera, Coyoacán y Centro Histórico ya presentan signos de tensión por el aumento de rentas y desplazamiento de vecinos.
Supongamos que un hombre en 2024 pagaba 16 mil pesos mensuales de renta. Con el plan de rentas justas propuesto por Clara Brugada, el arrendador solo podría aumentar la renta conforme a la inflación anual reportada por el INEGI del año anterior, tal como lo establece el artículo 2448 del Código Civil. En este caso, el dato aplicable es la inflación anual de 2024, que fue de 4.21 %.
Esto significa (recuerda que esto es un ejemplo) que su renta solo podría subir 673.60 pesos, pasando de $16,000 a un máximo de $16,673.60 mensuales en agosto de 2025.
Este ajuste respeta el límite legal previsto por la nueva política, y busca evitar aumentos arbitrarios por encima de la inflación, garantizando certeza para el inquilino.
Sin embargo, si esa renta representa una proporción elevada del ingreso del arrendatario, podría seguir habiendo presión financiera, lo que subraya la necesidad de medidas complementarias como vivienda pública o subsidios focalizados.
Las propuestas fueron presentadas como bando de gobierno, lo que implica una intención clara de aplicarlas en el corto y mediano plazo. Sin embargo, varias acciones requieren reformas legales y discusión pública, por lo que el gobierno convocará a mesas de trabajo con:
La jefa de Gobierno aseguró que habrá participación abierta y plural antes de la aprobación final de las reformas más importantes.
En los últimos años, la capital mexicana ha experimentado un aumento acelerado en los precios del alquiler, impulsado por factores como:
Este fenómeno ha provocado que familias completas deban abandonar las colonias donde han vivido toda su vida, cambiando el tejido social y aumentando la desigualdad.
Estas 14 acciones representan el intento más ambicioso en décadas por reformar el mercado de vivienda en la capital y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible.
De concretarse, podrían marcar un antes y un después para quienes han vivido bajo la amenaza constante de un desalojo por encarecimiento.
Es una propuesta de ley para limitar los aumentos de renta a la inflación anual y establecer sanciones contra quienes incumplan los topes máximos.
En zonas con alta presión inmobiliaria, como colonias céntricas o tradicionales en riesgo de gentrificación. Se definirá con participación comunitaria.
Hasta ahora, las más mencionadas incluyen Roma Norte, Condesa, Juárez, Coyoacán, San Rafael, Santa María la Ribera, Doctores y el Centro.
No se prohibirá, pero sí habrá regulación específica para controlar su impacto en el mercado de vivienda residencial.
Sí. Brindará asesoría legal y acompañamiento sin costo a inquilinos que enfrenten abusos, desalojos o conflictos de renta.
El plan de Clara Brugada marca un giro estructural en la política de vivienda de la Ciudad de México, pues busca frenar la gentrificación desde su raíz, con una nueva ley de rentas, regulación a plataformas temporales, defensorías para inquilinos y participación comunitaria real. Javier Ramírez es periodista financiero especializado en economía digital, inteligencia artificial, fintech e inversiones. Coordinador Editorial de DeDinero.