Las remesas que los migrantes mexicanos envían desde Estados Unidos enfrentan uno de los mayores retos en décadas, y es que una nueva propuesta de ley en el Congreso de EU busca gravar con un 5% los envíos de dinero realizados por personas que no sean ciudadanas estadounidenses, incluyendo residentes permanentes, titulares de visas temporales e incluso beneficiarios de programas como DACA.
Esta iniciativa, promovida por legisladores del Partido Republicano, ha generado alarma tanto en Estados Unidos como en México, ya que afectaría directamente a más de 12 millones de mexicanos y sus familias que dependen de este ingreso para subsistir.
Durante 2024, México recibió un récord histórico de 64,745 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Solo en el primer trimestre de 2025, estas transferencias alcanzaron los 14,269 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 1.3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Los principales estados receptores de remesas son Michoacán, Jalisco y Guanajuato, donde miles de familias dependen de este flujo de dinero para alimentación, salud, educación y vivienda. Este dinero no es lujo: es sustento, estabilidad y seguridad.
La propuesta busca aplicar un impuesto del 5% a cada envío de dinero realizado por migrantes no ciudadanos. Este cobro se sumaría al monto transferido y, en la práctica, encarecería el envío de dinero hacia México, lo que podría provocar una disminución en la cantidad enviada, el cambio a canales informales o incluso la criminalización del envío de dinero por vías alternativas.
Se espera que la votación en la Cámara de Representantes se realice a finales de mayo. Si se aprueba en ambas cámaras y el presidente la firma, entraría en vigor en 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: “No estamos de acuerdo, es discriminatorio”, declaró en una conferencia de prensa. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya inició una ofensiva diplomática en Washington para frenar esta propuesta.
Además, se han movilizado legisladores mexicanos y organizaciones de migrantes que advierten que esta medida vulnera los tratados de doble tributación entre ambos países y atenta contra los derechos humanos y económicos de los migrantes.
Las consecuencias económicas de esta propuesta serían graves:
Más allá de lo económico, también existe una afectación moral y emocional: el impuesto se percibe como un castigo a quienes han contribuido con su trabajo a la economía estadounidense.
Mientras el Congreso estadounidense analiza el impacto económico y social, en México ya se habla de posibles represalias diplomáticas y ajustes en las relaciones bilaterales.
Para millones de personas, esta ley no es solo un trámite legislativo: es la diferencia entre tener comida en la mesa o no.
Expertos fiscales sugieren que si la ley se aprueba, México podría:
Pero la realidad es que prevenir que se apruebe es, por ahora, la única forma de evitar el impacto.
No, al contrario. En el primer trimestre de 2025 crecieron 1.3% respecto a 2024, a pesar del contexto político.
No. Solo a quienes no son ciudadanos estadounidenses, incluso si tienen residencia legal o visas de trabajo.
Solo si se aprueba en ambas cámaras y la firma el presidente. De ser así, entraría en vigor en 2026.
Está movilizando canales diplomáticos, legislativos y organizaciones migrantes para presionar a Estados Unidos y frenar la propuesta.
Este intento de imponer un impuesto del 5% a las remesas mexicanas no es un asunto menor. Es un ataque directo a las comunidades más vulnerables de ambos países, una medida que podría tener repercusiones económicas, sociales y diplomáticas de gran alcance.