El pasado 1 de mayo, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsó una reforma histórica para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, una demanda largamente esperada por trabajadores y sindicatos.
Aunque la reforma aún no ha sido aprobada en el Congreso, ya se ha abierto un proceso nacional de diálogo con sectores empresariales y laborales para implementarla de manera gradual hasta el año 2030.
Este cambio busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como dignificar el trabajo en un país donde más de una cuarta parte de la población activa labora más de 48 horas a la semana.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es la modificación de los días de descanso. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece un día de descanso por cada seis laborados.
Con la reducción de la jornada, se propone un nuevo modelo de cinco días trabajados por dos días de descanso, sin disminución en el salario.
Esto significa que, de ser aprobada, la reforma podría establecer un fin de semana de dos días obligatorios como derecho laboral para todos los empleados, algo que ya es común en muchas economías desarrolladas y empresas mexicanas, pero no está establecido por la ley.
El nuevo esquema no sería rígido. Se contemplan diferentes modelos de distribución del tiempo laboral, adaptándose a los distintos sectores productivos:
*5 días de trabajo con 8 horas diarias, descansando sábado y domingo.
*6 días de trabajo con jornadas reducidas de alrededor de 6 horas y 40 minutos por día, manteniendo un solo día de descanso.
*4 días de trabajo con jornadas de 10 horas, para ofrecer tres días de descanso.
Estos modelos permiten flexibilidad para que las empresas se adapten sin afectar la productividad, al tiempo que los trabajadores obtienen mejores condiciones laborales.
A pesar de que la propuesta ha sido aprobada en comisiones dentro del Congreso, todavía no ha sido discutida y votada en el Pleno de la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo que no está vigente aún. Los planes apuntan a una transición que durará 5 años, de aquí al 2030.
El gobierno ha convocado una serie de foros nacionales entre junio y julio de este 2025, con la participación de sindicatos, cámaras empresariales y especialistas, para escuchar las distintas posturas e integrar un modelo sostenible para todos.
México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos donde más se trabaja y donde menos se descansa.
Esta reforma se alinea con estándares internacionales y atiende una deuda histórica con los trabajadores formales, muchos de los cuales enfrentan jornadas extenuantes y escaso tiempo para la vida familiar o el descanso.
Reducir la jornada laboral también impactará positivamente en:
*La salud mental y física de los empleados.
*La productividad, al promover un entorno laboral más saludable.
*La generación de empleo, al requerir una mejor distribución del trabajo.
Por el momento, la propuesta aplica principalmente al sector formal y privado, aunque se contempla incluir al sector público en el mediano plazo. En cuanto a los trabajadores informales, aún no hay mecanismos claros para su incorporación, pero la medida podría impulsar una mayor formalización del empleo.
No. La propuesta establece que el salario no será afectado por la reducción de la jornada.
Sí. Uno de los objetivos centrales de la reforma es garantizar dos días de descanso por cada cinco trabajados.
El gobierno plantea una implementación gradual hasta 2030, precisamente para permitir que las empresas se adapten sin afectaciones operativas.
Este enfoque busca evitar afectaciones económicas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. La aplicación dependerá del tamaño del negocio:
*Las grandes empresas tendrán solo 6 meses para adaptarse.
*Las medianas empresas contarán con 1 año y medio.
*Las pequeñas empresas tendrán 2 años.
*Las microempresas disfrutarán de un plazo de hasta 3 años y medio.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México ayudará a mejorar la calidad de vida de millones de personas. Aunque todavía no ha sido aprobada, el compromiso del gobierno federal y el diálogo con el sector privado apuntan a que este cambio es inminente y transformador.