La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocida como DACA por sus siglas en inglés, es una política implementada en 2012 durante el gobierno del presidente Barack Obama.
Su objetivo fue proteger de la deportación y otorgar autorización de empleo a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que cumplen con criterios específicos.
Según datos del Foro Nacional de Inmigración y del sitio oficial USA.gov, hasta marzo de 2023 había más de 578 mil 680 personas beneficiarias activas, quienes contribuyen no solo a sus comunidades, sino también a la economía del país a través de su trabajo, impuestos y consumo.
Para calificar para DACA, las personas deben haber ingresado a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007, haber tenido menos de 16 años al momento de su llegada, residir continuamente en el país desde entonces y haber estado presentes el 15 de junio de 2012.
Además, deben estar estudiando, haberse graduado de la preparatoria o contar con un certificado equivalente, o haber sido dados de baja honorablemente de las fuerzas armadas. También se requiere no tener antecedentes penales graves ni representar una amenaza para la seguridad pública.
DACA otorga un permiso de trabajo temporal y protección contra la deportación por un período renovable de dos años. Este estatus ha sido crucial para que miles de jóvenes conocidos como “Dreamers” puedan obtener empleos formales, acceder a estudios superiores y pagar impuestos federales, estatales y locales.
Barreras legales y consecuencias económicas
A pesar de sus beneficios, DACA enfrenta serios desafíos legales. En 2021, un juez federal en Texas dictaminó que el programa es ilegal, lo que impide al gobierno aceptar nuevas solicitudes, aunque permite la renovación de los permisos ya existentes.
Esta decisión, ahora en apelación, ha congelado la posibilidad de que nuevos beneficiarios ingresen al programa, lo que limita el crecimiento de su impacto económico y social.
Esta parálisis genera incertidumbre entre los jóvenes que cumplen con los requisitos, pero no pueden acceder a las protecciones de DACA, lo que los deja vulnerables a la explotación laboral, bajos salarios y falta de seguridad social.
Además, según datos del Foro Nacional de Inmigración, más de 34 mil beneficiarios de DACA trabajan en el sector de la salud, una cifra especialmente significativa tras la pandemia de COVID-19. Perder su estatus podría generar escasez de mano de obra en sectores clave.
La inestabilidad del programa también tiene efectos negativos en el ecosistema empresarial.
Muchas compañías que han contratado beneficiarios de DACA enfrentan el riesgo de perder talento calificado en caso de que sus permisos no sean renovados o el programa sea cancelado definitivamente.
Esto representa un golpe potencial a la productividad y a la inversión en formación de personal.
Contribución fiscal y generación de empleos
Los beneficiarios de DACA no solo se insertan en la economía formal, también aportan significativamente al fisco. Según estimaciones del Institute on Taxation and Economic Policy, los beneficiarios pagan más de 2 mil millones de dólares anuales en impuestos.
Estos ingresos fortalecen los presupuestos estatales y locales, apoyando programas de salud, educación y transporte.
Adicionalmente, muchos “Dreamers” se han convertido en emprendedores, generando empleos para otros. Al brindar estabilidad migratoria y permisos laborales, DACA ha permitido que miles de jóvenes inviertan en pequeños negocios, inmuebles o educación superior.
Esto ha contribuido al dinamismo económico de comunidades diversas en todo el país, desde California hasta Nueva York.
¿Qué sigue para DACA? Una decisión pendiente con alto costo
El futuro de DACA sigue siendo incierto. Aunque el programa ha demostrado ser exitoso tanto en términos sociales como económicos, su supervivencia depende de una solución legislativa que hasta ahora ha sido esquiva en el Congreso.
Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) continúa procesando renovaciones, pero no acepta solicitudes nuevas.
Diversas organizaciones civiles, empresariales y académicas han solicitado una reforma migratoria integral que incluya un camino hacia la residencia permanente para los “Dreamers”.
El argumento no solo es humanitario, también es económico: dejar en el limbo a cientos de miles de jóvenes productivos implica una pérdida directa para el crecimiento y la innovación del país.
